COMUNICADO DE LA COMISION DE JUSTICIA Y PAZ DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA

Estimados lectores de aprendiendo a ser ciudadano, he recibido el comunicado de la comisión de Justicia y Paz de la conferencia Episcopal Venezolana, titulado "LA JUSTICIA CAMINO PARA LA PAZ Y LA ESPERANZA", donde se denuncia las agresiones que recibió el activista de Derechos Humanos, Marino Alvarado y su hijo de 9 años, el cual me dejo una sensación de incertidumbre y tristeza al pensar que cada día que pasa se irrespeta la dignidad de la persona, la integridad física y la seguridad.

En el comunicado, la Comisión de Justicia y Paz, hace  "un llamado atención a la sociedad venezolana, a los órganos de los poderes públicos del Estado Venezolano y a la opinión pública internacional sobre la gravedad de estos hechos que reflejan el estado de deterioro de la sociedad venezolana", además de señalar que "El Estado Venezolano es responsable de respetar y garantizar todos los derechos y garantías fundamentales de todos y cada uno de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela".

A continuación el comunicado:

LA JUSTICIA CAMINO PARA LA PAZ Y LA ESPERANZA

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, La Oficina de Derechos Humanos de Diócesis de los Teques y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas expresan su más honda preocupación ante la grave agresión sufrida por el abogado y activista de derechos humanos Marino Alvarado Betancourt y su hijo menor de edad (de 9 años), quienes fueron secuestrados por tres  sujetos desconocidos armados en su vivienda en la ciudad de Caracas el día primero de octubre de 2015.

Alvarado y su hijo fueron maniatados en el interior de su casa y les fueron robados equipos electrónicos y efectos personales, de igual modo Marino Alvarado sufrió una agresión física en la forma de un golpe en la cabeza que ameritó atención médica de emergencia.

Ante estos graves hechos que afectan a un activista por la defensa de los derechos humanos con más de 27 años de actividad reconocida nacional e internacionalmente y por su hijo, expresamos en primer lugar nuestra irrestricta solidaridad hacia las víctimas.

Hacemos un llamado atención a la sociedad venezolana, a los órganos de los poderes públicos del Estado Venezolano y a la opinión pública internacional sobre la gravedad de estos hechos que reflejan el estado de deterioro de la sociedad venezolana, que se expresa en la profusión de graves delitos contra la vida y la integridad física de las personas, la inmensa mayoría de los cuales permanece en la impunidad, como lo han denunciado reiteradamente las organizaciones dedicadas a la promoción y la defensa de los derechos humanos.

Aun cuando para el momento de redactar este comunicado no existen elementos que conduzcan a ninguna hipótesis verosímil sobre la autoría del hecho, queremos subrayar que Marino Alvarado Betancourt ha sido objeto, al igual que otros activistas, a una campaña reiterada por parte de altas autoridades de los poderes públicos destinada a destruir la honra y la reputación de Marino Alvarado, esta campaña lo ha expuesto al escarnio público y ha incluido la difusión de información sobre su agenda de itinerarios de viajes que únicamente ha podido ser obtenida mediante el espionaje y la interceptación ilegal de sus comunicaciones privadas.

El Estado Venezolano es responsable de respetar y garantizar todos los derechos y garantías fundamentales de todos y cada uno de los habitantes de la República, y debe velar porque hechos como los sufridos por Marino Alvarado Betancourt y su menor hijo sean investigados, sancionados y reparados integralmente.

Por todo ello, exigimos a las autoridades del Estado Venezolano:

1- Que los hechos de los cuales fueron víctimas Marino Alvarado Betancourt y su hijo, sean investigados de manera imparcial y exhaustiva, de manera que conduzcan al pleno establecimiento de los hechos y a la imputación formal de todos los partícipes.

2- Que las víctimas del hecho reciban la reparación integral de los daños materiales y morales sufridos.

3- Que se tomen todas las garantías de no repetición de los hechos.

4- Que cesen definitivamente todas las campañas de desprestigio y criminalización que se han llevado a cabo por las autoridades del Estado y que se respeten las garantías fundamentales de los defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellas las garantías a la vida, la integridad física y moral, la inviolabilidad del hogar doméstico, la privacidad de las comunicaciones, la libertad de reunión y manifestación, el derecho a la libre asociación, la libertad de expresión y de información y el derecho de petición.

Por último formulamos un llamado urgente al establecimiento del respeto al trabajo de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, los cuales no reclaman privilegios ni concesiones graciosas, sino que exigen el respeto y cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales por parte de las autoridades del Estado como sujeto obligado a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, sin distinciones ni discriminaciones de ningún tipo.

Caracas, 3 de octubre de 2015

+ Mons. Roberto Luckert León

Presidente de la

Comisión de Justicia y Paz de la CEV